Pilar de Lara, una magistrada menuda y de maneras suaves, llegó en
2007 al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y encontró una causa de
la que nadie quería oír hablar. Trataba sobre un cabo de la Guardia
Civil que, a cambio de favores bajo las sábanas, ofrecía a prostitutas
brasileñas pasar por alto su situación irregular. De Lara, con 37 años
entonces, venía de bregar en un juzgado de Mieres con el narcotráfico y
casos como el de Trashorras,
el exminero responsable de los explosivos del 11-M. Lugo parecía un
destino tranquilo, una melancólica capital de provincia con una pertinaz
lluvia desdibujando las murallas romanas.
De Lara interrogó a centenares de prostitutas, ordenó escuchas a sus
clientes y registró comisarías. Levantando piedras, encontró un trazo
escalofriante: una red de corrupción que desde los burdeles se extendía
por la columna vertebral de Galicia como un sarcoma. La juez averiguó
que mandos policiales hacían la vista gorda ante los abusos del proxeneta del Queen's (los fundamentos del llamado caso Carioca);
y desde ese mismo prostíbulo dio con una pandilla de empresarios que,
sabiendo que jugaban en terreno seguro, se vanagloriaban de tener
alcaldes a sueldo para conseguirles contratos y favores (la Operación Pokémon).
Las pesquisas de De Lara están extendiéndose ahora a Asturias y
Cataluña (Operación Manga). En total, más de un centenar de imputados
por delitos de trata, abusos sexuales, tráfico de drogas, blanqueo,
malversación, sobornos... Algunos de la talla de los alcaldes de Lugo, Santiago y Ourense o el jefe de Policía Municipal de esta última localidad.
El premio a la osadía de esta juez ha sido vivir aislada y rodeada de
imputados que le han declarado la guerra. Amenazas, ataques políticos y
confabulaciones policiales se han sucedido para intentar que De Lara
abandone la ciudad.
El patrón suele repetirse: un juez recién llegado empieza a escarbar
en lugares en los que no pasaba nada porque nadie removía nada. Pero
resulta que sí había algo. Entonces el togado se convierte en el
enemigo. Los más expuestos a estas presiones del entorno son magistrados
de base que trabajan apoyándose en pocos medios y muchas tripas. Jueces
que no responden a un perfil ideológico y que pueden ser tanto
veteranos como bisoños. Individuos aislados que, cada uno desde su
rincón del mundo, están poniendo al descubierto la corrupción que inunda
todos los estamentos de un país: de sus burdeles a sus palacios.
Más detalles sobre cómo se llega a tener una ciudad en contra. El
acoso empezó por las prostitutas que declararon ante la juez. Mensajes
de matones: "Márchate de Lugo o la poli irá a por ti". De Lara,
implicada con las mujeres hasta el punto de avalarlas a la hora de
encontrar empleo o residencia, se esforzó para que ninguna se echara
atrás. Luego las amenazas llegaron a ella y a su hija. Con la policía
tampoco puede trabajar después de haber imputado a parte de su cúpula;
por eso se apoya en la Guardia Civil de fuera de la provincia. Un agente
confesó que le habían ofrecido 22.000 euros por demandar a la juez, y
los foros policiales de Internet están llenos de insultos hacia De Lara y
la otra magistrada decidida a limpiar Galicia, Estela San José,
responsable de la Operación Campeón y a la que la presión sobre su vida
privada ha llevado a un traumático divorcio y a querellas contra
agentes. Incluso la Confederación Española de Policía denunció manejos
para presionar a De Lara y boicotear su investigación. Los políticos
tampoco se han quedado cortos al acusarla de contemporizar con la
intención de que las imputaciones más sonadas coincidan con citas
electorales. El PSG se agarra a la única mácula que presenta el
historial de independencia de De Lara: su matrimonio con Roberto
Menéndez Mato, miembro del PP local, al que conoció en Asturias. En la
Audiencia provincial a la juez tampoco le sobran aliados. Las presiones
han sido tan acusadas que en 2011 un grupo de ciudadanos de Lugo
(incluidos simpatizantes del 15-M e IU poco sospechosos de connivencias
con el PP) organizaron una manifestación en apoyo de De Lara y San José.
Para no dejar flancos expuestos, la juez se ha construido una vida
monacal: ida y vuelta de casa al trabajo en sesiones hasta la madrugada,
aunque tenga la gripe A o por la fatiga llegue a desvanecerse. La
prensa local la vigila hasta el punto de señalar que abusa del Red Bull
en sus jornadas maratonianas. A ella esas intromisiones le molestan. En
parte porque lo que de verdad le gusta es el té y en parte porque rehúye
a los medios. Las únicas declaraciones que se le conocen se encuentran
en un reportaje en el que pedía más medios para los juzgados. Hay quien
sospecha que esa falta de recursos no es casual y que no hay demasiado
interés en equiparla para investigar. En su juzgado se ha visto a
funcionarios adelantar el dinero del tóner de las impresoras, en gran
medida porque es una mujer cuya dedicación se aprecia. En su círculo de
fieles, aparte de su amiga San José, destacan dos agentes de la Guardia
Civil y una secretaria judicial. Ellos son su escudo contra la presión.
Porque la presión es la clave. "El miedo social hace que algunos
jueces prefieran dedicarse a perseguir solo delitos de perfil más bajo.
Eso genera una forma de corrupción". Lo dijo en una conferencia en 2008
Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya,
la mayor operación contra la corrupción en España. Torres ahora dirige
procesos rutinarios en un juzgado de Granada. El magistrado ha confesado
a sus íntimos haberse sentido solo durante fases de la Malaya en las
que se le señalaba a él como el enemigo en lugar de a los saqueadores de
Marbella. Torres, un hombre impenetrable, siente que los jueces,
fiscales y policías que investigan a personalidades con contactos se
encuentran desprotegidos por el Estado ante la presión ambiental. Según
quienes le conocen, es especialmente crítico con el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y las instancias judiciales cercanas al poder
político.
A mayor contenido político, más presión. Y no solo proveniente de los
implicados. Lo sabe Josep Maria Pijuan, instructor del caso Palau, el
expolio de una de las mayores instituciones culturales de Cataluña a
manos de su gestor, Félix Millet. Algunos medios revelaron que Pijuan,
al poco tiempo de ser nombrado instructor del caso, recibió subvenciones
de la Generalitat a través de una fundación que dirigía. La información
sembraba la sospecha de que el dinero sirviera para que el magistrado
no investigara con demasiado brío, pero los hechos no han sustentado
este temor. Los indicios sobre la vertiente política del caso --el pago
de comisiones de Ferrovial a Convergència a través del Palau-- se han
asentado durante la instrucción de Pijuan, que ha impuesto una fianza de
3,2 millones al partido dominante en Cataluña.
El caso de este juez es peculiar: no llegó y se encontró una
sorpresa, sino que fue a buscarla. Pijuan, un hombre de 60 años que se
dice abiertamente de izquierdas y muy catalanista, llevaba una
existencia plácida en la Audiencia Provincial de Barcelona, pero pidió
la plaza en cuanto quedó vacante el juzgado 30, el que investiga el
saqueo del Palau. Su vuelta a las trincheras en 2011 ha impulsado la
investigación después de que su antecesor, Juli Solaz, fuera criticado
por su lentitud. Pijuan es dueño de una fuerte personalidad, pero exhibe
un carácter abierto que en alguna ocasión le ha generado problemas por
su franqueza ante los micrófonos. Su temperamento incisivo (hay quien
dice inquisitorial) en los interrogatorios también es célebre.
