La operación Carioca, dedicada a investigar la mafia existente en torno a
varios burdeles de Lugo, choca con más obstáculos de los que
posiblemente calculase la instructora, la juez Pilar de Lara Cifuentes.
El hecho de que la Guardia Civil estuviese en el punto de mira, porque
algunos de sus miembros, supuestamente estaban relacionados o conocían
la existencia de esta trama, levantó ampollas en la institución armada
hasta el extremo de producirse dentro de la comandancia algunos
incidentes.
La Asociación Profesional de Cabos y Guardias (APGC), apunta a que altos mandos del instituto Armado intentan «minimizar y hasta obstaculizar una operación policial que tiene un calado más que preocupante». Añade la formación que la situación «es lamentable» y «huele muy mal».
Para este colectivo «es indignante que los guardias civiles que trabajan en el caso tengan que hacerlo en sede judicial porque la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo se ha vuelto un lugar no seguro». Dice también la APCG que «es bochornoso que el señor general jefe de la zona no haya intervenido para solucionar un problema interno gravísimo que pone bajo sospecha a los guardias civiles de Lugo, en especial a los mandos y que, hasta la fecha, no se hayan depurado responsabilidades entre la cadena de mando».
Hechos llamativos
La asociación recuerda a la jueza que se ocupa del caso que existe «un procedimiento regulado» según el cual cualquier mando que deja una unidad de la Guardia Civil «hace entrega formal de la misma al que le sucede en el cargo, es decir, que le transmite (o debería) todos los temas de interés que afectan a la unidad». Según APGC, cualquier información de interés ha de ser transmitida por la cadena de mando «hasta la cima de la pirámide». «Es llamativo -añade- que los mandos de la Guardia Civil de Lugo, desde el año 2005 hasta la fecha estuviesen informados de quién o quiénes escribían en foros y, por el contrario, incomprensiblemente, no detectasen presuntas actividades de carácter delictivo, muy graves, en el seno de la institución lucense
La Asociación Profesional de Cabos y Guardias (APGC), apunta a que altos mandos del instituto Armado intentan «minimizar y hasta obstaculizar una operación policial que tiene un calado más que preocupante». Añade la formación que la situación «es lamentable» y «huele muy mal».
Para este colectivo «es indignante que los guardias civiles que trabajan en el caso tengan que hacerlo en sede judicial porque la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo se ha vuelto un lugar no seguro». Dice también la APCG que «es bochornoso que el señor general jefe de la zona no haya intervenido para solucionar un problema interno gravísimo que pone bajo sospecha a los guardias civiles de Lugo, en especial a los mandos y que, hasta la fecha, no se hayan depurado responsabilidades entre la cadena de mando».
Hechos llamativos
La asociación recuerda a la jueza que se ocupa del caso que existe «un procedimiento regulado» según el cual cualquier mando que deja una unidad de la Guardia Civil «hace entrega formal de la misma al que le sucede en el cargo, es decir, que le transmite (o debería) todos los temas de interés que afectan a la unidad». Según APGC, cualquier información de interés ha de ser transmitida por la cadena de mando «hasta la cima de la pirámide». «Es llamativo -añade- que los mandos de la Guardia Civil de Lugo, desde el año 2005 hasta la fecha estuviesen informados de quién o quiénes escribían en foros y, por el contrario, incomprensiblemente, no detectasen presuntas actividades de carácter delictivo, muy graves, en el seno de la institución lucense
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